Reforma de pensiones: ¿diálogo de sordos?

Leonardo Hernández

El sistema de pensiones chileno está en crisis principalmente porque las tasas de reemplazo que entrega -esto es, la pensión medida como porcentaje de los últimos sueldos- son bajas. Pero esto se debe a que en Chile se ahorra muy poco para la vejez. Dada nuestra expectativa de vida al momento de jubilar, que alcanza a 23 años para los hombres y 30 años para las mujeres, ahorrar un 10% del sueldo es muy poco (en los países OCDE se ahorra en promedio un 18% del sueldo). A esto debe agregarse que las personas presentan una baja densidad de cotizaciones (o altas lagunas provisionales), especialmente las mujeres.

Aunque es obvio que quien no cotiza no puede aspirar a tener una pensión, el Presidente Gabriel Boric ha argüido, equivocadamente, que es impresentable que una persona no tenga una pensión digna luego de “deslomarse” durante 40 años de trabajo. La pregunta correcta es cuántos de esos 40 años esa persona cotizó.

Más importante aun es que nada de lo anterior es culpa de las AFP. Éstas han cumplido su mandato de administrar los recursos de quienes cotizan siguiendo las directrices de la superintendencia del ramo. Y los fondos, cuando se autorizó su retiro durante la pandemia, estaban disponibles y se entregaron a sus dueños (quién sabe si habrían existido si los hubiese administrado alguna entidad estatal).

¿Cuál es la solución para las bajas pensiones? Subir la tasa de cotización y la edad de jubilación, e implementar reformas que promuevan la empleabilidad de las mujeres y la formalidad laboral, tanto de hombres como de mujeres. Lo que no hay que hacer es ponerle un impuesto al trabajo formal; esto es ir en la dirección contraria. Pero eso es exactamente lo que se propone con el 3-3 del gobierno, donde sólo 2,1% de la cotización adicional (de 6%) va a las cuentas individuales de los trabajadores; el otro 3,9% es un impuesto al trabajo destinado a solidaridad.

Es cierto que aumentar el monto que se destina a las cuentas individuales subirá las pensiones en el largo plazo, pero es la solución correcta. ¿Qué se hace con las personas que hoy tienen bajas pensiones, o quienes jubilarán próximamente con bajas pensiones (porque ahorraron muy poco, por las razones que sean)? El Estado debe ayudarlas, pero esa es una política social que debe financiarse con fondos generales de la nación, como ocurre con muchos otros subsidios y beneficios que entrega el Estado (como la PGU) a personas de bajos ingresos, y no con las cotizaciones de los trabajadores activos.

Como escribió el destacado economista Joseph Ramos en un medio local, “es un disparate subir las pensiones actuales a expensas de las cotizaciones de los pensionados futuros”. El financiamiento de salas cuna y otras reformas que promueven el empleo femenino no debe ser a costa de las pensiones futuras de los cotizantes, por lo ya mencionado y porque, además, este tipo de soluciones promueve la informalidad laboral.

Los argumentos aquí presentados han sido esgrimidos en muchas oportunidades y formas por técnicos de distinta sensibilidad política los últimos años, en lo que parece ser un diálogo de sordos.

Leonardo Hernández

Esc. de Administración UC, CLAPES UC